26 de abril de 2010

¡BASTA YA!: ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA?

Manifiesto Social contra la Violencia.
Cojutepeque, 2 de abril del 2010
La mayoría de la población salvadoreña se conmocionó con el atentado sucedido en una clínica pediátrica en Cojutepeque, el pasado 28 de diciembre. Para las encuestas: un niño, una niña y una mujer asesinados. Para familiares y amigos-as, el dolor inconsolable de la pérdida irreparable de Silvio, Mayra y Verónica.

Queremos levantar la voz con un: ¡Basta ya!; porque queremos que el asesinato de los nuestros no quede impune, ni se limite a “un hecho más de violencia”; queremos contribuir a que esta lacra social y sus interesados dejen de ser los dueños de nuestra libertad. La pobreza limita los derechos de la mayoría y, de similar manera, la inseguridad ciudadana limita la libertad de la población. Todas las decisiones vitales de una familia se ven condicionadas por la realidad de inseguridad, vivimos en situación de riesgo: ¿llegará algún momento en el que podamos pasear tranquilamente con nuestros hijos e hijas por un parque público?

Culpables son las personas que lanzaron la granada, pero: ¿Quiénes son los responsables?

Nosotros y nosotras denunciamos, en primer lugar, al Estado salvadoreño, responsable –en sus diversos poderes e instituciones- de garantizar los derechos humanos y constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, iniciando por el derecho a la vida. La seguridad es un bien público y, como tal, debe ser garantizada por el Estado y sus gobiernos democráticos. Sin embargo, la realidad es que la seguridad ciudadana se degrada progresivamente y la respuesta es la privatización de la misma. Vivimos enjaulados-as entre balcones y colonias privatizadas, mientras nos retransmiten programas televisivos que inducen a la violencia.

Nosotros y nosotras no aprobamos la pena de muerte ni la justicia por cuenta propia, pero recriminamos la injusticia que hemos vivido y la impunidad de los asesinos. Los diversos gobiernos democráticos tras los Acuerdos de Paz no han logrado posibilitar el país digno que desde entonces empezamos a soñar.

Silvio Á. y Verónica R., de cuatro y seis años, murieron al instante el día de los santos inocentes. Mayra Mira, de cuarenta y tres, una profesional ejemplar con veinte años dedicados al servicio comprometido de la educación pública, galardonada en 2009 como la educadora modelo de Cuscatlán, murió tras seis días de coma. Fue denigrante ver las condiciones del hospital Rosales, nada apropiadas para una persona digna que ha servido a la sociedad; o ¿es que sólo quien tiene dinero tiene derecho a la salud y a una atención digna?. Denigrante, también, ha sido comprobar cómo la Procuraduría de Derechos Humanos se ha interesado por los derechos de los asesinos, y en ningún momento por los de las víctimas. Las maras son un efecto de un modelo excluyente de sociedad, pero pasan a convertirse en causa de un modelo indigerible de sociedad.

A los tres meses de los asesinatos no sabemos nada. Ninguna institución del Estado se ha acercado a conocer y apoyar el estado de las familias afectadas, ni hemos recibido información del estado de la investigación.

Y denigrante es tener que asumir que continuará la impunidad y la inseguridad. ¿En qué país vivimos?. ¿Tenemos que renunciar a la posibilidad de vivir en El Salvador y emigrar?. Si la escasa clase media se va, ¿cómo espera este país salir adelante?.
Señor Presidente de la República, los ciudadanos y ciudadanas de Cojutepeque le pedimos respuestas ¡sí!, pero sobre todo resultados.